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Perú: evangélicos rechazan amnistía para violadores de derechos humanos y cómplices


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Miércoles 03 de Diciembre del 2008
Sociedad
Perú

LIMA, Perú (ALC/ACPress.net) El polémico proyecto de ley que promueve una amnistía para aquellos militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos, el cual fue promovido por la Comisión de Defensa del Congreso peruano, no sólo ha sido objetado por representantes del Estado y la sociedad civil, sino también por líderes representativos de la comunidad evangélica en el país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Director Ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), Víctor Arroyo, quien mostró su preocupación por la obstinación de algunos sectores políticos en promover este tipo de iniciativas, las cuales atentan contra los derechos de los ciudadanos afectados por la violencia política.

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Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). 


Arroyo indicó que la impunidad que se pretende (con este proyecto de ley) es una agresión más contra estas personas, y descubre la incoherencia existente entre un discurso que pone énfasis en la modernidad, y una práctica que recurre a evasivas para dotarla de principios válidos para todos los ciudadanos. Además, remarcó que aproximadamente un millar de pastores y líderes de las iglesias evangélicas fueron víctimas durante este período (1980 - 2000).

Por su parte, Alfonso Wieland, Director Nacional de la Asociación Paz y Esperanza, acotó que si los poderes Ejecutivo y Legislativo están preocupados por la lentitud de los procesos judiciales en los que se implica a militares y policías en violaciones a los derechos fundamentales.

También añadió que el Ministerio de Defensa y los institutos armados del país se han negado a dar información sobre el caso Putis, localidad en donde se encontró una fosa que contenía más de un centenar de cuerpos desaparecidos, en el pasado mes de junio. Wieland insistió en la necesidad de que el Congreso de la República investigue estos hechos.

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Asociacion Paz y Esperanza


El proyecto consiste en crear una comisión Ad Hoc, que evaluará en el plazo de 120 días los procesos judiciales no resueltos que afrontan militares y policías por crímenes de lesa humanidad, y puedan conceder amnistía para los que consideren convenientes.

Este proyecto ya ha contado con la desaprobación de diversas personalidades, como la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y el director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón.

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